Más de 5 millones de españoles se encuentran en situación de pobreza energética, el 11% de la población, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
13/02/2017 – Álex Sotillos
La factura de la luz cuesta cara. / Flickr – Creative Commons
Juan es un hombre de 48 años que trabaja de lampista a media jornada. Vive con su mujer, María, y sus dos hijos. En 2010 María perdió su trabajo de panadera y ahora los cinco sobreviven con los 400 euros al mes del trabajo de Juan. Éste está siendo uno de los inviernos más fríos de su vida, porque apenas pueden hacer frente a la mitad de los recibos de luz y agua para mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Como la familia de Juan y María, más de 5 millones de españoles se encuentran en situación de pobreza energética, el 11% de la población, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
Este enero el precio de la luz ha llegado a máximos históricos, sólo por debajo de enero y marzo de 2012. La situación se está volviendo todavía más insufrible si cabe para millones de españoles que viven realidades similares a la de la familia de Juan y María.
Desde el 2008, el valor de la electricidad ha subido un 52%, según un estudio de David Robinson, experto de The Oxford Institute for Energy Studies.
El lunes pasado Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, avisó que los ciudadanos españoles nos tendremos “que acostumbrar a precios más altos (de la energía) en momentos determinados”.
¿El gobierno no puede hacer nada para frenar esta constante subida de precios?
El coste de la luz se puede reducir, pero para ello se necesita un gobierno con voluntad política que ponga por delante los intereses de los ciudadanos antes que los de las empresas eléctricas. Hoy propondremos dos medidas fundamentales que se deberían llevar a cabo para que los consumidores no vayamos tan ajustados a final de mes.
Intervención pública
La primera medida consiste en que la administración pública debería fijar los precios mediante, por un lado, el mandato de un órgano de control como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, por otro, la aprobación de leyes que permitan que esta intervención sea posible.
Se podrían reducir costes en la factura de la luz, por ejemplo, si se controlara el mercado mayorista, donde las eléctricas determinan el 40% del valor de la luz. Fijan el precio de todas las energías del mercado, implantando en todas ellas el coste de la más cara. Es decir, si la energía hidráulica valiera 20€/MW se pagaría por ella el precio alcanzado por la más costosa, el gas (56€/MW).
El ahorro de los consumidores en electricidad sería considerable si la administración pública, mediante un órgano de control, fijara los precios para que por cada energía se pague su coste real y no el impuesto por las eléctricas en busca de más beneficios.
Energías renovables
La segunda medida que sugerimos para reducir el coste de la luz es la propuesta estrella de los grupos ecologistas como Greenpeace en materia de pobreza energética: apostar por las energías renovables.
España es un estado con un gran potencial para explotar energías como la hidráulica, la eólica y la solar. Pero en el país del Sol parece que a sus gobernantes se les ha olvidado que, además de para atraer a turistas de todo el mundo, el astro rey también sirve para generar electricidad a gran escala.
Conglomerado de placas solares. / Presidencia RD – Creative Commons
Las familias que han instalado placas solares en sus viviendas ahorran alrededor de 150 euros al año, aproximadamente el 24% de la factura de la luz, según un estudio de la plataforma Mirubee.
El gobierno español no sólo no incentiva la expansión de la energía solar, sino que la frena. Por un lado, el propietario de placas solares debe pagar un “impuesto al sol” del 6% por la energía que consume, además de costearse las placas solares (unos 5.000 euros). Por otro, toda la energía que haya generado y no haya consumido al final del día pasa a formar parte de la red del sistema eléctrico y, por lo tanto, se convierte en propiedad de las empresas que lo controlan (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, fundamentalmente). Luego, dichas compañías venden esta energía que no han generado y el verdadero productor no ve ni un solo euro por la cesión de energía. ¡Todo sea en favor del consumidor!
Para fomentar la expansión de la energía solar se tendría que suprimir el “impuesto al sol” y las empresas eléctricas tendrían que remunerar a los propietarios de las placas solares por la energía que se vuelca a la red del sistema eléctrico.
Todos podríamos ir más desahogados a final de mes si el gobierno fijase los precios de las energías del mercado de la electricidad y fomentase el uso de energías renovables como la solar. Pero para que los miembros de la administración pública muevan ficha tendrían que dejar pasar la oportunidad de ocupar un puesto en un consejo de administración de alguna eléctrica y deberían empezar a fijarse en el bienestar de todos los ciudadanos que han votado a su partido político.
Sabadell Global 